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A lo largo de la historia, la discapacidad ha sido abordada y comprendida conceptual y actitudinalmente de diversas formas. En términos generales es posible identificar tres grandes modelos al respecto: el tradicional, el rehabilitador y el social. Este último puede ubicarse como la tendencia más reciente y rompe con el enfoque de dependencia y subordinación y permite a las personas con discapacidad asumir la dirección de sus propias vidas.

El problema deja de ser la persona con discapacidad y se acentúa en el entorno como la principal barrera para el goce de los derechos humanos de esta población. Este enfoque adjudica a este entorno no solo las barreras físicas, sino de forma preponderante también las barreras sociales, que incluyen prejuicios y estereotipos.

Los cambios y las proyecciones implícitas en esta obligación hacia la enseñanza desde los derechos humanos supone una reforma estructural de las prácticas pedagógicas, así como la reconducción de los fines educativos para las personas con discapacidad, lo cual implica transformaciones importantes en la formación de los docentes y en el diseño de modelos inclusivos desde y para las escuelas de educación especial.

Esto significa asumir la diversidad humana como un valor desde los derechos humanos y no como un problema o amenaza y que todas las personas deben tener la posibilidad de participar en su proyecto de vida con los apoyos que requieran y que les permitan potenciar al máximo sus capacidades.

La Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (AAID por sus siglas en inglés), define la discapacidad intelectual como: “Una condición caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal como se ha manifestado en habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Esta discapacidad comienza antes de los 18 años”. (Verdugo 2003, p.8).
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